Ojo a esto.
Es cierto que ayer, miércoles 18 de marzo, se produjo una votación clave en el Congreso que marca un choque institucional directo. Estos son los hechos probados:
1. Rechazo Parlamentario: El bloque formado por el PP, Vox y Junts (sumando 176 votos) sacó adelante una moción que exige al Gobierno la paralización inmediata del proceso de regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 personas.
2. Naturaleza de la Votación: La moción aprobada ayer tiene un alto valor político pero no es vinculante. Es decir, el Congreso ha expresado su voluntad mayoritaria de frenar la medida, pero legalmente no obliga al Ejecutivo a dar marcha atrás de forma automática.
3. La Estrategia del Gobierno: El gabinete de Pedro Sánchez, consciente de que no tiene una mayoría parlamentaria estable para esta ley, ya había anunciado que tramitará la regularización mediante un Real Decreto. Al ser una decisión del Consejo de Ministros (aprobada inicialmente el pasado 27 de enero), el Gobierno mantiene su intención de seguir adelante, ignorando el mandato simbólico del Congreso de ayer.
4. Calendario Previsto: A pesar del bloqueo en la Cámara, el Ministerio de Inclusión sigue con los planes de abrir el plazo de solicitudes a principios de abril de 2026, extendiéndose hasta el 30 de junio.
Análisis de la situación:
Estamos ante una fractura total entre el poder legislativo y el ejecutivo. Mientras la mayoría del Congreso (incluyendo a Junts, que ha endurecido su discurso migratorio) pide frenar el proceso, el Gobierno utiliza la vía del decreto para sortear ese bloqueo. Por tanto, es verdad que el Congreso ha votado en contra, pero también es verdad que, legalmente, el proceso sigue en marcha por decisión directa de la Moncloa.