Creo que eso de las paguitas merece una seria consideración: a menudo, resulta económicamente más eficiente y socialmente más beneficioso proporcionar ayudas y subsidios a colectivos vulnerables, que asumir el coste de las consecuencias de la exclusión y la delincuencia que podrían derivarse de su desamparo.
Es un hecho innegable que las personas, independientemente de su situación, necesitan comer, vestirse y tener un techo. Cuando estas necesidades básicas no están cubiertas por medios lícitos, la desesperación puede llevar a actos que la sociedad condena y por los que todos terminamos pagando.
Pensemos por un momento en los costes asociados a la delincuencia. No me refiero únicamente a los robos o hurtos. Hay que sumar:
Costes policiales: Más presencia en las calles, investigaciones, detenciones.
Costes judiciales: Abogados de oficio, procesos judiciales, tribunales saturados.
Costes penitenciarios: Construcción y mantenimiento de cárceles, personal, alimentación y seguridad de los internos.
Costes sanitarios: Atención a víctimas de delitos, tratamiento de adicciones vinculadas a la marginalidad.
Costes sociales y psicológicos: El miedo en las calles, la pérdida de confianza, el impacto en la salud mental de las víctimas.
Costes económicos indirectos: La disminución de la inversión en zonas inseguras, la caída del turismo, la pérdida de productividad.
Todos estos son gastos que salen directamente de nuestros impuestos y que impactan negativamente en la calidad de vida de toda la ciudadanía. Son "pagas" que ya estamos asumiendo, pero de una forma mucho más ineficiente y dañina.
Por otro lado, las "paguitas" o subsidios, si bien tienen un coste inicial, pueden actuar como una medida preventiva mucho más eficaz. No solo hablamos de evitar el delito, sino de permitir que estas personas tengan una base mínima para intentar reinsertarse, buscar empleo, formarse o cuidar de sus familias. Un subsidio de desempleo, una renta mínima o una ayuda para alimentación pueden ser el salvavidas que evite que una persona caiga en la marginalidad más absoluta.
No se trata de promover la inactividad, sino de entender que una sociedad segura y próspera se construye sobre cimientos de equidad y oportunidades. Invertir en el bienestar básico de los colectivos más desfavorecidos no es un gasto, sino una inversión en nuestra propia seguridad, en nuestra paz social y en la cohesión de nuestra comunidad.
¿Estamos dispuestos a seguir pagando el precio de la exclusión social de una manera reactiva y costosa, o preferimos invertir proactivamente en soluciones que, a la larga, nos benefician a todos?
www.libremercado.com
