Con Urbagestión llegaron los problemas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes (titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario), notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007. Poco después la llevaron a los tribunales, que dieron la razón a la inquilina en primera instancia, pero los Alonso no cejaron en su empeño de desahuciar a la pensionista, recurriendo una y otra vez hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón el pasado mes de marzo. El motivo es que la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de “tan sólo” el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada.
Además, si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio.
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